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Política
Boluarte promulga Ley de Amnistía y desafía a la Corte IDH
"Boluarte promulga Ley de Amnistía pese a orden de la Corte IDH, generando rechazo por favorecer a procesados por violar DD. HH. en 1980-2000."
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Por German Pachacuti - Publicado el jueves 14 de agosto a las 16:05
La presidenta Dina Boluarte oficializó hoy en el diario El Peruano la Ley de Amnistía que beneficia a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), así como a adultos mayores de 70 años por “razones humanitarias”. La norma, identificada como Proyecto de Ley N.° 7549, ha sido calificada por organizaciones de derechos humanos como una medida de impunidad.
La promulgación se realizó a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó expresamente a Boluarte detener el proceso, en resguardo del acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. En su resolución del 24 de julio, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, dispuso la suspensión de la ley mientras se evaluaba su impacto en las medidas provisionales vigentes sobre ambos casos emblemáticos.
Durante el acto en Palacio de Gobierno estuvieron presentes congresistas afines a la medida como José Cueto y Jorge Montoya (Honor y Democracia), José Williams Zapata (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular), así como el exministro Fernando Rospigliosi. Llamó la atención la asistencia de Juan Rivera Lazo, exintegrante del Grupo Colina, condenado por violaciones a los derechos humanos y liberado en 2024.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su rechazo frontal a la ley, señalando que “premia con impunidad a responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, dejando a las víctimas y sus familias sin verdad ni justicia”. Asimismo, acusó al Ejecutivo y al Congreso de buscar debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluso de impulsar la salida del Perú de su jurisdicción.
En declaraciones previas, el 31 de julio, Boluarte había advertido que no acataría las observaciones de la Corte IDH, argumentando que el Perú es “libre e independiente” y que la norma busca “justicia para quienes lucharon contra el terrorismo”.
Los crímenes de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) —atribuidos al Grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori— están catalogados como de lesa humanidad y motivaron condenas judiciales históricas. La promulgación de esta ley abre un nuevo capítulo de tensión entre el Estado peruano y el sistema interamericano de derechos humanos, con posibles consecuencias diplomáticas y legales para el país.
La promulgación se realizó a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó expresamente a Boluarte detener el proceso, en resguardo del acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. En su resolución del 24 de julio, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, dispuso la suspensión de la ley mientras se evaluaba su impacto en las medidas provisionales vigentes sobre ambos casos emblemáticos.
Durante el acto en Palacio de Gobierno estuvieron presentes congresistas afines a la medida como José Cueto y Jorge Montoya (Honor y Democracia), José Williams Zapata (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular), así como el exministro Fernando Rospigliosi. Llamó la atención la asistencia de Juan Rivera Lazo, exintegrante del Grupo Colina, condenado por violaciones a los derechos humanos y liberado en 2024.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su rechazo frontal a la ley, señalando que “premia con impunidad a responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, dejando a las víctimas y sus familias sin verdad ni justicia”. Asimismo, acusó al Ejecutivo y al Congreso de buscar debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluso de impulsar la salida del Perú de su jurisdicción.
En declaraciones previas, el 31 de julio, Boluarte había advertido que no acataría las observaciones de la Corte IDH, argumentando que el Perú es “libre e independiente” y que la norma busca “justicia para quienes lucharon contra el terrorismo”.
Los crímenes de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) —atribuidos al Grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori— están catalogados como de lesa humanidad y motivaron condenas judiciales históricas. La promulgación de esta ley abre un nuevo capítulo de tensión entre el Estado peruano y el sistema interamericano de derechos humanos, con posibles consecuencias diplomáticas y legales para el país.
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