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Política
Familiares de víctimas y organismos internacionales condenan Ley de Amnistía en Perú: “Es oficializar la injusticia”
"Boluarte promulgó la Ley de Amnistía que favorece a militares y policías acusados o condenados por violar DD.HH., pese al rechazo de ONU, ONG y víctimas. La Corte IDH pidió no aplicarla, pero el Gobierno la defendió como soberanía y reivindicación."
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Por German Pachacuti - Publicado el viernes 15 de agosto a las 07:04
La promulgación de la Ley de Amnistía por el Gobierno de Dina Boluarte ha desatado una ola de indignación nacional e internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la medida como un “retroceso en la búsqueda de justicia” y advirtió que viola de forma flagrante los estándares internacionales que prohíben este tipo de amnistías. Exigió, además, su “reversión inmediata”.
A las críticas de la ONU se sumaron Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y diversas ONG. Para HRW, la norma “socava décadas de esfuerzos por asegurar justicia por atrocidades” y supone “una traición” a las víctimas. Amnistía Internacional alertó que el perdón legal alcanzaría casos emblemáticos como la masacre de Putis, en la que murieron 123 personas, y cubriría delitos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual.
Las familias de las víctimas también alzaron la voz. Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, afirmó que la ley “oficializa la injusticia” tras más de 30 años de lucha por verdad y reparación, y calificó de “miserabilidad incomprensible” que un condenado por crímenes de lesa humanidad, como Juan Rivera Lazo del Grupo Colina, fuera invitado a la ceremonia de promulgación en Palacio de Gobierno. Justa Gamboa, sobrina de una víctima de Accomarca, calificó la norma de “inaceptable” y recordó la brutalidad con la que se cometieron esos crímenes.
Tania Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que la ley “torció la justicia” y “se puso del lado de violadores de derechos humanos”. Además, advirtió que este acto representa “un grave retroceso incompatible con el derecho internacional” y no borrará la memoria de las atrocidades cometidas.
Pese a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no aplicar la norma en casos como Barrios Altos y La Cantuta, el Ejecutivo la oficializó el 14 de agosto. Boluarte defendió la decisión argumentando que reivindica el papel de militares y policías en la lucha contra el terrorismo, y reiteró que no permitirá que la CIDH “interfiera en la soberanía” del país.
La controversia ha colocado al Perú en el centro del escrutinio internacional y ha reabierto viejas heridas, en un contexto en el que la memoria de las víctimas sigue reclamando justicia y verdad.
A las críticas de la ONU se sumaron Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y diversas ONG. Para HRW, la norma “socava décadas de esfuerzos por asegurar justicia por atrocidades” y supone “una traición” a las víctimas. Amnistía Internacional alertó que el perdón legal alcanzaría casos emblemáticos como la masacre de Putis, en la que murieron 123 personas, y cubriría delitos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual.
Las familias de las víctimas también alzaron la voz. Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, afirmó que la ley “oficializa la injusticia” tras más de 30 años de lucha por verdad y reparación, y calificó de “miserabilidad incomprensible” que un condenado por crímenes de lesa humanidad, como Juan Rivera Lazo del Grupo Colina, fuera invitado a la ceremonia de promulgación en Palacio de Gobierno. Justa Gamboa, sobrina de una víctima de Accomarca, calificó la norma de “inaceptable” y recordó la brutalidad con la que se cometieron esos crímenes.
Tania Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que la ley “torció la justicia” y “se puso del lado de violadores de derechos humanos”. Además, advirtió que este acto representa “un grave retroceso incompatible con el derecho internacional” y no borrará la memoria de las atrocidades cometidas.
Pese a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no aplicar la norma en casos como Barrios Altos y La Cantuta, el Ejecutivo la oficializó el 14 de agosto. Boluarte defendió la decisión argumentando que reivindica el papel de militares y policías en la lucha contra el terrorismo, y reiteró que no permitirá que la CIDH “interfiera en la soberanía” del país.
La controversia ha colocado al Perú en el centro del escrutinio internacional y ha reabierto viejas heridas, en un contexto en el que la memoria de las víctimas sigue reclamando justicia y verdad.
Comentarios
marcos
hace 2 semanas
interesante.
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